quitar símbolos religiosos de
instituciones públicas
La Voz del Interior, 29 de agosto de 2018
Por Juan José Domínguez
Cinco diputados de Cambiemos que votaron a favor de la
legalización del aborto presentaron esta semana un proyecto orientado a quitar
símbolos religiosos de edificios públicos.
La iniciativa se presentó justo un día antes de que
estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) retiraron la imagen de
la Virgen María de la Facultad de Derecho, al grito de “Iglesia, Estado, asunto
separado”.
El proyecto, firmado por los radicales Karina Banfi,
Brenda Austin, Facundo Suárez Lastra y Alejandro Echegaray y por el macrista
Fernando Iglesias, propone “la remoción de los símbolos e imágenes religiosas
instaladas en espacios públicos o edificios pertenecientes al Estado nacional”,
y establece que desde la fecha de promulgación de la ley “queda prohibida toda
exhibición de símbolos e imágenes religiosas ubicados en aquellos espacios”.
Si entrara en vigencia la norma, la Cámara de
Diputados, por ejemplo, debería retirar del Salón de los Pasos Perdidos una
réplica de la Virgen de Luján que fue instalada por orden del kirchnerista
Julián Domínguez, que presidió el cuerpo durante la segunda presidencia de
Cristina Fernández.
Para remover estos símbolos religiosos, el proyecto
otorga un plazo de 90 días desde la sanción de la ley. De todos modos, fija una
excepción: cuando las imágenes “formen parte del lenguaje arquitectónico” no habrá
que retirarlas.
“El propósito del proyecto es garantizar el efectivo
cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia, así como
de garantizar el carácter laico de los poderes públicos en el territorio de la
República Argentina”, explican los diputados en los fundamentos.
Sostienen que “la simbología religiosa no sólo no es
representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice
con la laicidad del Estado nacional. Argentina es un Estado laico respetuoso de
la diversidad cultural y religiosa como así también de la libertad de culto,
del principio de igualdad y no discriminación en relación con el derecho a la
libertad de conciencia”.
“Con este proyecto buscamos que el Estado garantice el
trato igualitario de cultos para avanzar en la construcción de una agenda
pública no basada en la moral sino en los derechos ciudadanos”, concluyeron.
Echegaray ya había presentado este año otro proyecto
de corte laicista, para que el Estado deje de pagarles el sueldo a los obispos,
mediante la derogación de cinco decretos de la dictadura.
“Si bien el artículo 2 de nuestra Constitución
Nacional establece que el gobierno federal ‘sostiene el culto católico
apostólico romano’, esto ha sido entendido por la jurisprudencia de la Corte
Suprema de la Nación como una obligación de apoyo económico, que no se trata
necesariamente de sueldos”, indicó Echegaray, representante de la provincia de
Buenos Aires.
Luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña,
informara que el Estado destinará este año 130 millones en sueldos para la
Iglesia Católica, Echegaray consideró que “en un Estado laico” y que “este
aspecto debe ser revisado”.
Peña indicó por escrito que los obispos diocesanos
cobran $ 46.800 por mes; los obispos auxiliares, $ 40.950; los obispos
eméritos, $ 40.950; y los administradores apostólicos y diocesanos, $ 46.800,
igual que los obispos diocesanos.
En Córdoba: Proyecto
El legislador de Izquierda Socialista y presidente del
bloque del Frente de Izquierda en la Unicameral cordobesa, Ezequiel Peressini,
presentó un proyecto para la supresión del culto religioso en el ámbito público
de la provincia de Córdoba. “El objetivo
es garantizar la libertad de conciencia y evitar imponer creencias religiosas”,
dijo.
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